La arenga clave de la alcaldesa Carolina Tohá sobre el tema educativo, pronunciada al asumir la alcaldía, fue “convertir a Santiago en la capital de la Educación Pública de Chile, una educación pública que sea opción para todos”. Se debe reconocer que dicha frase connota un noble objetivo, sobretodo por lo que implicaría en términos de bienestar social para la comuna con más establecimientos educacionales públicos del país, pero por lo obrado hasta el presente las palabras parecen sólo un conjunto de buenas intenciones difíciles de cumplir en vez de lineamientos de transformación educativa
Decimos esto porque la propuesta alcaldicia (que proviene del programa de gobierno de su bloque político y su presidenta) no plantea cambios estructurales al sistema educativo municipal heredado de la Dictadura y continuado por los gobiernos de transición: en lo concreto ha sido más de lo mismo. Primero, la mejora de la calidad y la igualdad educativa de los establecimientos se plantea en la mayoría de los casos (Salvo ejemplos como la Dirección del Liceo Confederación Suiza) acorde al políticamente correcto paradigma de competencias neoliberal. Dos, la aceptación e inclusión de la participación social escolar y comunitaria se ha dado a través de consejos escolares resolutivos sólo en ciertas materias, y de la realización de claustros educativos en algunos establecimiento para paliar parcialmente el déficit de justicia y democracia en los establecimientos como herencia de los 12 años de gobiernos municipales de derecha y de las administraciones anteriores, que parecen blandas respuestas a las sentidas demandas instaladas por el movimiento por la educación en los últimos años, y en tercer término la transición hacia una moderada desmunicipalización, políticamente correcta y en la medida de lo posible, que aún no define su plan maestro, que permita al conglomerado de gobierno “no quedar mal con nadie”, sobre todo con sus pares de la derecha política.
La paradoja y desafío para la alcaldesa y su equipo, es el cómo se llega a tales “mejoras” educativas, sin alterar sustancialmente la estructura existente (para no incomodar al poder económico y sus fuentes de plusvalía) y a la vez concitar y mantener el apoyo social, “de todos”, necesario para seguir ganando las próximas elecciones. Es un complejo cuadro de mantención de la hegemonía, leído en términos gramscianos, al que debemos estar atentos los de abajo. Para nosotros, los movilizados por la educación y la participación, el desafío es desatar las condiciones que impiden las transformaciones sociales y educativas.
La vuelta de la Concertación, -ahora Nueva Mayoría-, al gobierno municipal santiaguino ocurre luego de doce años de gobiernos de derecha (cuatro de Lavín, cuatro de Alcaíno y cuatro de Zalaquett), cuya labor fundamental fue producir la lenta agonía y muerte de la educación pública de Santiago y de sus 44 establecimientos. Aquel fue un tiempo de cierre y fusión de locales no rentables por escasa matrícula para reconvertirlos o venderlos a privados, junto a ello se suprimió la mantención de la infraestructura de los inmuebles, -que se hizo más patente tras el terremoto de 2010-, con demora de la llegada de recursos financieros educativos, pero aún falta señalar la verdadera guinda de la torta: los encargados de propiciar el deterioro de los establecimientos públicos.
La designación en la Dirección de Educación y en algunas escuelas y liceos de profesionales, docentes y directivos docentes con una visión educativa retrógrada y mediocre contribuyó decisivamente al desmantelamiento de la Educación Pública en Santiago. Estos “profesionales” hacían oídos sordos e invisibilizaban temas como la democratización de la gestión pedagógica y curricular y de la ampliación de la participación de la comunidad educativa en las decisiones de la escuela, esgrimiendo argumentos y visiones conservadoras, autoritarias, desconocedoras de las pedagogías de sentido crítico y de transformación escolar tan propias de nuestro continente, sobre todo desde Paulo Freire en adelante. Muchos de estos directivos son también responsables de la caída de matrícula de los establecimientos a niveles nunca antes vistos, evidenciando su compromiso con la Educación de Mercado y con el fin de la Educación Pública. En algunas escuelas básicas, además, se encontraron irregularidades en la gestión de recursos financieros como la contratación de Asesorías Técnicas de Formación Docente en las que los mismos directivos estaban involucrados como socios, y también en la adquisición ilícita de recursos técnicos y financieros por medio de la ley SEP. La realización de sumarios administrativos contra estos directivos dejó al descubierto notorios desfalcos, lo que ha culminado con el término de relación laboral para estos “honestos” directores tributarios de la gubernamentalidad conservadora y del mal aprovechamiento de recursos.
La observancia de las políticas neoliberales de recorte del gasto social se hizo sentir fuertemente en Santiago en los 90’ y luego de haber nacido el nuevo siglo. Dentro de las medidas educativas impulsadas por los gobiernos de Derecha en Santiago se puede mencionar como claves el ajuste y declive del financiamiento de las actividades académicas, culturales y deportivas; por ejemplo, esto fue evidente en el ámbito de la educación extraescolar por la excesiva prioridad que se dio a programas de alto impacto social-mediático y de corta duración que podían dar rentabilidad electoral (por ejemplo, la nieve y la playa de Lavín, las corridas auspiciadas por empresas privadas, talleres de invierno y verano para dirigentes y adeptos del gobierno) que sólo ayudaron a profundizar el déficit de los colegios en cuanto a financiamiento y autonomía de recursos.
Dentro de la Dirección de Educación se implementó una línea tecnocrática de trabajo con los colegios, de mando a distancia similar a la gestión del MINEDUC, que pauperizó lo estrictamente pedagógico, que significó dar prioridad administrativa fundamentalmente a los fondos asignados desde el mando central, como la actualización anual del Proyecto de Mejoramiento Educativo PME, y el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal PADEM. La ley de Subvención Escolar Preferencial SEP complementa a la tradicional subvención-voucher por estudiante y el plan TEC financia la renovación de los equipos computacionales de los colegios, todos ellos planes subsidiarios que tienen una demorosa implementación, como el caso de los equipos computacionales que son instalados en los establecimientos tras años de espera, casi en la obsolescencia programada de los artefactos, lo que termina por exasperar a la comunidades, a los y las jóvenes y a sus padres, porque no ven avances reales de mejora educativa en sus establecimientos, y porque los que debiesen liderar los anhelos de la comunidad, es decir, los directivos docentes, no se colocan de su lado y les dan vuelta la espalda, no les escuchan, y los criminalizan (los expulsan) si se organizan para mejorar sus escuelas.
Estas situaciones de injusticia, autoritarismo y corrupción explican en gran medida el porqué del alzamiento del movimiento estudiantil secundario en la comuna y su traslape en la conformación de asambleas de estudiantes, padres y profesores que han llevado a cabo movilizaciones, paros y tomas sostenidamente desde el 2006 hasta hoy, lo que refleja la ausencia de respuestas satisfactorias al pliego del movimiento social tanto desde el gobierno local como del central en sí. La mantención del conflicto al interior de las comunidades educativas se debe a la pérdida de confianza en quienes debiesen dirigir adecuadamente la educación pública municipal, situación que se mantiene actualmente por la forma en que la Nueva Mayoría está dirigiendo la educación municipal.
La primera medida educativa de la actual alcaldía fue la reestructuración de la Dirección de Educación, con el despido “por gotera” de funcionarios y la llegada de un nuevo contingente para los diferentes departamentos, pasando de 70 a 100 el número de funcionarios desde el 2012 hasta hoy, algunos de ellos con sueldos inflados como pago por la campaña municipal, como ejemplo cito el caso del Departamento Técnico Pedagógico, que por la gestión de la asesora Andrea Palma despidió a una parte del personal e incorporó nuevos coordinadores encargados de la realización de Claustros Participativos en las escuelas y liceos emblemáticos, para atender y contener las demandas de los estudiantes y de sus padres. Esta medida no ha sido una solución al problema de la participación, pues pretender que con claustros con metodologías prediseñadas de control se puede lograr calmar la herida de la participación escolar en las escuelas es tener corta vista respecto de lo que realmente demandan las comunidades. La Dirección de Asuntos Estudiantiles ha sido otro de los espacios en que se ha incorporado nuevo personal sin una política clara sobre el movimiento estudiantil y sus demandas. En sencillo, hay dinero en sueldos para pagar favores pero no para mejorar la educación pública.
La breve estancia de la profesora Nancy Luco como directora de educación, cargo que ganó por concurso, se debió a que se opuso a la mantención de este “staff” de sueldos elevados sin aporte concreto en la DEM. La alcaldesa le retiró su confianza y la despidió, lo cual significó el pago de su sueldo íntegro por el periodo de funciones, o sea el desembolso cuantioso de recursos para mantener a los personeros de la NM es la política de la nueva alcaldía. La elección por concurso de la nueva directora, persona con militancia en uno de los partidos de la Nueva Mayoría y de “confianza”, así como de la elección de los y las directores por concurso “con cercanía” a la alcadesa Tohá muestran que sólo se pretende mantener la estructura de los 44 establecimientos, tal como lo hizo la derecha, tratando de elevar matrícula y de bajar los conflictos internos, con el problema latente del déficit presupuestario que en entre 2013 y 2014 ronda los dos mil millones de pesos en Educación. Mientras, los gimnasios, pabellones, salas, patios y baños de las escuelas y liceos de Santiago deteriorados tras el terremoto de 2010 y por el paso del tiempo siguen sin respuesta.
En suma, el equipo gobernante de la Nueva Mayoría en Santiago no tiene un plan propio de inversión y desarrollo de los establecimientos, menos personal directivo acorde a los desafíos de estas implementaciones, por eso tiene tanto sentido la propuesta de control comunitario de las escuelas que ha esbozado la ACES y con eco en varios sectores del Movimiento por la Educación. Es decir, si la gobernanza educativa que nos infligen no tiene sentido, creemos nosotros nuestra gobernanza escolar, dicen las comunidades que se oponen una reforma educacional que es más de lo anterior y menos de lo que esperan actualmente los actores educativos.
La paupérrima política educativa municipal se puede visualizar también en lo pedagógico y curricular, pues la anual preocupación por mantener los indicadores de la pruebas estandarizadas SIMCE y PSU esconden la urgente necesidad de ahondar temas verdaderamente prioritarios e ignorados como el que nuestras escuelas y liceos cuenten con Planes y Programas educativos propios, con participación real de la comunidad y los actores educativos, con procesos de Formación y Actualización Continua para los docentes y con actualización permanente de los procesos curriculares, didácticos y de evaluación en los colegios, con mira en los intereses y necesidades de la comunidad y no ajenos a ella, además de recursos frescos que las comunidades puedan disponer para la constante mejora educativa, como por ejemplo, la mantención y mejoramiento de las instalaciones informáticas, sanitarias y de alimentación escolar. Por eso se recalca que la ausencia de una política de financiamiento educacional ha sido la tónica de estas décadas neoliberales. Primero la dictadura, y luego los gobiernos de la concertación y la derecha se han dedicado a administrar lo poco que había para la educación pública y de muy mala manera.
En la forma en que las actuales autoridades abordan las tomas de los liceos, se opera muy parecido a lo que hacía la derecha de Zalaquett: un proceso de diálogo amarrado a condiciones, en las que no se contempla el derecho a la educación como horizonte próximo ni el cuestionamiento de la institucionalidad educativa heredada de la Dictadura, menos el convenir propuestas de transformaciones de fondo de la educación. Es decir, que los estudiantes pidan murales y tocatas está bien, pero no pidan cambios de fondo como desarrollar una gestión directiva y pedagógico-curricular democrática, traducida en programas educativos propios e injerencia de la comunidad escolar en la toma de decisiones, o pedir un nuevo sistema de financiamiento de las escuelas que reemplace a la subvención por asistencia y al voucher. Eso sería tomarse el cielo por asalto, dicen los y las administradores del cielo.
Los estudiantes movilizados y sus familiares, así como los trabajadores de las escuelas y liceos deben estar alertas respecto de estas actitudes, porque los detentores del poder están permitiendo que algunas cosas se cuestionen pero para que finalmente nada cambie. Se debe aprender de las lecciones de lo ocurrido en el pasado, es decir, del cúmulo de historias de desigualdad y exclusión social sembrados en el país en los siglos de dominación oligárquica y los tiempos de dictadura militar y de democracia pactada, y tratar de ensanchar el presente, desatar el control comunitario o generar el descontrol comunitario, discutir masivamente estos asuntos para progresivamente generar las condiciones para la irrupción de la esperanza popular por la que pacientemente hemos esperado muchos luchadores desconfiados a lo largo de los últimos cuarenta años.
CLOTARIO.
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