Juan González López. Académico U. de Chile. Miembro comité ejecutivo de OPECH y del Foro por el Derecho a la Educación.
Investigador Cooperativa de trabajadores Centro ALERTA.
En el programa educativo de Michelle Bachelet, abundan consignas que dicen responder a años de movilizaciones a propósito de la educación. Reducir la segregación, el fin al lucro, el fin del financiamiento compartido, el “avance” hacia la educación gratuita, la desmunicipalización, entre otros anuncios, debiese normalizar el clima educativo, abriendo paso a una gradual reforma, que dé gobernabilidad al escenario educativo, agitado desde el año 2006.
Las movilizaciones de los años 2001 y 2006 hicieron visible para el conjunto de la sociedad el acelerado proceso de mercantilización educativa en Chile. Entre el año 1990 al 2001 se abrieron más de mil colegios privados, y se cerraron cerca de cincuenta establecimientos municipales (Redondo, 2004). Entre 1993 y el 2005 se pasó de 232 a 1.411 escuelas que cobraban financiamiento compartido; de recaudar por esta vía de cerca de 4 mil millones de pesos, se pasó a más de 180 mil millones de pesos en 13 años (Kremerman, 2007). Por otra parte, la opinión pública comenzaba a sensibilizarse por problemáticas como los colegios que se inundaban, o se llovían, con sostenedores abiertamente corruptos, y la precaria situación de los docentes, que vagaban de escuela en escuela, en una irregular situación laboral. Mejorar “la calidad” de la educación se instaló como consigna.
Sin embargo, tras “el pingüinazo”, la mercantilización no se detuvo, ni aminoró su paso. Sólo entre el 2008 y el 2013 han desaparecido 420 escuelas municipales.[1] El financiamiento compartido se ha extendido a la mayoría de los colegios particulares e incluso a la educación municipal, segregando aún más a la población escolar. Lo que se recauda hoy por esta vía asciende a casi 240 mil millones de pesos (OPECH, 2014). En la educación superior el escenario es similar. El año 2005, había aproximadamente 390.000 estudiantes en Universidades, IP y CFT privados. Al 2012, luego del CAE (Crédito con Aval del Estado), había más de 780.000 en la educación superior privada. La mayoría de los recursos que el Estado desembolsó con el CAE fueron a parar a instituciones privadas. Gracias a los mismos recursos, se consolidaron nuevas casas de estudio, que compiten en un ya abierto mercado de la educación superior, en medio de la crisis de las universidades estatales más precarizadas. [2]
En el marco de lo normativo, durante estos últimos años se promulgó la Ley de Aseguramiento de la Calidad (Enero, 2006), que crea las agencias acreditadoras, otro negocio asociado a la educación que “terminó” con un escándalo, el de las acreditaciones fraudulentas de instituciones privadas, como la Universidad del Mar, entre otras instituciones, y que además ha transformado la academia, acomodando su gestión a los estándares de mercado que imponen a través de estas agencias, y otros mecanismos. La Ley de Subvención Escolar Preferencial (Enero; 2008), que ha naturalizado la focalización de la política educativa y, entre otras cosas, crea el mercado de las Agencias Técnicas Educativas (ATE´s), instituciones que se han prestado incluso para encubrir el lucro de los sostenedores. La Ley de Calidad y Equidad de la Educación (Febrero; 2011), que incorpora mecanismos de gestión empresarial para elegir directores, para evaluar profesores, y establecimientos. Que además crea la superintendencia y la Agencia de Calidad, medidas más orientadas a corregir un mercado,[3] que a reconstruir la débil institucionalidad pública (por que no se fortalece el MINEDUC?). Por último en el verano del 2013 se anuncian las nuevas bases curriculares para la educación técnica profesional, hechas a la medida de las necesidades empresariado, está aún en discusión el nuevo proyecto de Ley de sobre la carrera docente, que por suerte no lo aprobaron este Verano.
Hoy podemos ver un grado mas avanzado de mercantilización. Se han consolidado las cadenas de colegios particulares, se ha consolidado la Universidad Privada (incluso hoy podría recibir aportes directos del Estado), se han instalado transnacionales de la educación en Chile (en la ESUP y en la educación obligatoria), nuevas formas de privatización operan, desde fundaciones que asesoran e, incluso, co-gestionan escuelas estatales. Hoy el sentido común educativo se ha trastocado, cualquier profesional de una carrera de más de 8 semestres puede ejercer la docencia en la educación pública. Todo esto en pos de mejorar la calidad de la educación. Tema en que todos/as están de acuerdo.
En este escenario. ¿Cómo interpretar los anuncios presidenciales? ¿Cómo evaluar el fin al lucro, la desmunicipalización, o el fin del FICOM, cuando se ha desdibujado completamente el significado de la educación pública? ¿Terminaremos con el mercado educativo, transformando a los actuales sostenedores, en Fundaciones o Corporaciones sin fines de lucro? ¿Se va desmunicipalizar dejando que los establecimientos sean manejados por organismos y lógicas gerenciales, sin participación real de las comunidades? ¿Se eliminará el Ficom, subiendo la subvención, sin tocar la perversa lógica de financiamiento por alumno? Por último, uno de los puntos más importantes ¿Cómo reconstruimos el sistema de educación pública, si este, está cooptado por la retórica de la calidad educativa?
Todos estos cambios han consolidado el entramado de mecanismos de gerenciamiento y control, que constituyen la compleja arquitectura de este experimento neoliberal, pensado bajo la lógica de la educación, para maximizar el capital humano. Cada reforma normativa y financiera ha tenido su rol en el proceso de mercantilización, no funcionan en forma aislada, sino que como un conjunto, que en determinados plazos ha ido consolidando el actual modelo educativo, servil a los intereses del capital monopólico. [4]
Es necesario al menos, reactualizar lo público, discutirlo, y recuperar su función necesaria para revitalizar “lo común a todos nosotros”, como señalara hace años la filosofa, Hanna Arendt. Lo público es lo que permite que las obras y palabras sean mutuamente reconocidas y que la pluralidad constitutiva de la condición humana se manifieste. Lo privado implicaría estar privado de las cosas esenciales a una verdadera vida humana. (Arendt, 1993:67, La Condición Humana). El mercado educativo, la competencia entre e intra escuela, la estandarización, el gerenciamiento, la segmentación, la desigualdad, el autoritarismo, desarticulan la escuela como espacio común. Como un espacio de deliberación y de construcción de sentido. Como un espacio que reconstruyen nuestras atomizadas comunidades. Sin ella quedamos a la deriva del mercado y su necesidad de gobernabilidad y mano de obra. Así parece ser la dirección que toma nuestro sistema educativo, orientado por las reformas señaladas que han consolidado el modelo.
Un sistema educativo orientado a fortalecer las comunidades y no a las exigencias del mercado, parece ser hoy lo más necesario. Por eso la educación pública, que es para todos, debe hacerse cargo de esta necesidad. Una educación sin participación de la comunidad educativa, no es educación pública. Las escuelas públicas deben abandonar la competencia con la escuela privada. Para esto requieren un financiamiento preferencial del Estado, que debe ser fiscalizado por parte de la comunidad, evitando la malversación que tanto daño ha hecho. Para esto es fundamental que el nuevo gobierno, rompa el acuerdo que realizó con la derecha el año 2007, en el cual se consagra la igualdad de trato y la libertad de enseñanza, dando un giro realmente estructural al modelo de mercado, para pasar a uno estatal y comunitario, basado en el derecho y no en la competencia. [5]
[1] Y en los dos últimos años se ha intensificado el cierre de escuelas municipales, las que han tenidos una férrea resistencia por parte de la comunidad, como el caso del República Dominicana, desalojado en Diciembre del 2013, tras 11 meses de autogestión. Este año el fenómeno se ha extendido a diversas escuelas municipales en el país, que han sido cerradas por baja matrícula o pocos recursos, han sido defendidas y/o ocupadas principalmente por los apoderados (apoyados por profesores, estudiantes y organizaciones sociales), en las comunas de Renca, Cerro Navia, Peñalolén, Playa Ancha, La Cisterna, Recoleta, Copiapó, Chillán, Parral, Pirque, La Florida, Valparaíso, Osorno, entre otras comunas. Esto nos debe hacer pensar sobre el profundo significado que las escuelas públicas (incluso las más empobrecidas) tienen para las comunidades.
[2] Nuevas instituciones privadas de perfil mercantil y/o conservador han desplazado a las instituciones del Consejo de Rectores como las instituciones de mayor matrícula. En el 2005, cuatro universidades del Consejo de Rectores eran parte de las 10 instituciones con mayor matrícula (Universidad de Chile, Universidad de Santiago, Universidad de Concepción y Pontificia Universidad Católica). En 2011, sólo la Universidad de Chile ocupa un lugar entre las 10 instituciones de mayor matrícula. Al año 2013 otras universidades del Consejo de rectores, como, por ejemplo, la Universidad de Los Lagos, la Universidad Arturo Prat y la Universidad de Concepción no llenaron sus cupos, víctimas de la migración de estudiantes hacia las universidades privadas de la Región Metropolitana.
[3] La Superintendencia de Educación ha cerrado 46 escuelas particulares subvencionadas, desde su estreno en el año 2012, privilegiando la existencia de grandes cadenas de colegios, de más de 1000 alumnos, que han incorporado mecanismo de gerenciamiento educativo, como una de sus principales características.
[4] Lo señala lúcidamente el profesor Gaudencio Frigotto, cuando comenta la relación actual entre la escolarización en América Latina y el avance del modo de producción financiero y el crecimiento de la desigualdad. “(…), el fenómeno de la expansión de la escolaridad- o sea la ampliación de los canales de acceso al sistema educacional- seguramente no puede ser interpretado dentro de la lógica tecnocrática, que coloca este alargamiento como un mecanismo de acceso al empleo y a ocupaciones cada vez mas rentables y, por esa vía, logra el alcance de mayor equidad social. (…) Por el contrario, la ampliación del acceso a la escuela, la prolongación de la inversión pública en el área educacional, y el propio proceso de privatización de la enseñanza deben ser entendidos dentro de la óptica del movimiento del capital, de circulación y realización de la producción. (Gaudencio Frigotto, La Productividad de la Escuela Improductiva, 1998).
[5] Ver análisis que realizamos como OPECH en su momento: “ Un acuerdo que genera desacuerdos” http://www.opech.cl/comunicaciones/comunicado09_2007_11_22.pdf
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